Articulo Publicado en El País el 17 de septiembre de 2011
El 9 de mayo de 2010 la mayoría conservadora representada en
la reunión del Ecofin impuso a España, bajo el argumento de la consolidación
fiscal como vía para prevenir situaciones de insolvencia, una política fiscal
restrictiva que en la coyuntura actual es procíclica y contractiva. Se puso la
atención no sobre el nivel de deuda pública, que constituye la referencia real
de la solvencia financiera de los Estados, sino sobre el saldo presupuestario,
una variable anual bajo la gestión y el control de los Gobiernos y de los
Parlamentos nacionales.
Aparentemente se trataba de mandar una señal de estabilidad
financiera a los mercados con medidas que garantizaran la capacidad de pago de
la deuda a sus vencimientos. De esta manera, las primas de riesgo financieras
deberían disminuir. Pero los mercados han respondido a las políticas
restrictivas del gasto público exigiendo mayores primas de riesgo, y no
menores, como aparentemente se pretendía.
La respuesta es clara. Aquí no hay equivocación alguna. A la
política de la Europa conservadora lo que le interesa es la disminución del
papel de los Estados en la economía. Y a los mercados lo que les interesaría es
la recuperación de la economía, de los negocios, es decir, de la demanda
efectiva, porque esa es la vía que suministraría a sus deudores, públicos o
privados, mayores ingresos y con ello mayores garantías de que podrán hacer
frente a sus compromisos. Por consiguiente, ambos consiguen lo que persiguen:
los primeros, de manera directa, el empequeñecimiento del Estado, la
disminución de las prestaciones sociales; y los segundos, aunque de manera
indirecta, también, a través del aumento de las primas de riesgo de la deuda
que es la variable que resuelve la ecuación de sus intereses ante las políticas
contractivas que debilitan la solvencia de sus deudores.
Quienes ahora, con la crisis, claman por la austeridad, no
hacen otra cosa que hacer lo que siempre han hecho con crisis o sin crisis:
clamar por la austeridad, no en su sentido ético sino en su proyección sobre el
contenido y alcance del Estado de bienestar, que consideran excesivo. La crisis
es su coartada, no su argumento.
No son los mercados ni tampoco los especuladores, por muy
imperfectos que sean los unos y por mucha información privilegiada que posean
los otros, los culpables de la crisis, de su profundidad ni de su duración. Los
culpables son las políticas que persiguen objetivos ocultos para la ciudadanía;
la desregulación, que también es política; las señales confusas y equívocas de
la sinstituciones financieras europeas y nacionales y de las agencias de
calificación, que también son política. Es la política que orienta los mercados
la culpable de que las primas de riesgo alcancen niveles inasumibles, incluso,
para las economías solventes en sus fundamentos económicos. Los mercados no
hacen, al fin, más que responder a las señales que reciben.
Detrás de las decisiones del Eurogrupo los fundamentos
técnicos son menores que los ideológicos. La realidad está siendo concluyente:
los mercados no se han calmado y el Estado de bienestar se resiente. La
realidad está refutando los principios y las proposiciones declaradas que
informan la política económica que emerge de las instituciones de la Unión.
Si la limitación del déficit público estructural se basara en
una regla rígida, como por otra parte siempre sugirió el Partido Popular, las
consecuencias serían desastrosas porque el Gobierno perdería la capacidad de
gestión del saldo presupuestario con criterios anticíclicos, cuestión
especialmente grave sin la autonomía de la política monetaria que está bajo la
responsabilidad del BCE. Por otra parte, si se trata de diseñar una regla
flexible, como parece querer ser reconducida la propuesta inicial de constitucionalizar
el déficit cero, cabe preguntarse ¿qué es lo que realmente se quiere que no
suministre ya el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus correlatos en la
vigente legislación española?
Nadie duda de las ventajas de mantener políticas fiscales y
monetarias estables que reduzcan la incertidumbre y faciliten la toma de
decisiones por parte de los agentes. Por consiguiente, la cuestión no es esta.
La cuestión sometida a debate es si esa política debe establecerse o no
mediante una regla que limite los grados de libertad de que disponen el
Gobierno y el Parlamento sobre la gestión del saldo presupuestario.
No se trata de enfrentar la austeridad al derroche, la
estabilidad a la inestabilidad, como arteramente se pretende, sino de cómo se
debe ser austero y estable. Si mediante la gestión inteligente y responsable o
mediante la pérdida de libertad. Se trata de discernir cuáles son las ventajas
y los inconvenientes de una u otra opción y de comprender cuáles son sus
implicaciones sobre el bienestar de los ciudadanos. Se trata de opciones
políticas. Se trata de la política con mayúsculas.
Limitar la posibilidad de incurrir en déficits estructurales
es coartar la posibilidad de que las Administraciones públicas, más allá de la
actuación de los estabilizadores automáticos, confieran una orientación
expansiva a la política fiscal en aquellas situaciones en las que el ciclo o la
coyuntura lo aconsejen, siempre, claro está, que no se amenacen los niveles de
una deuda sostenible. Es decir, supone la renuncia a la política fiscal como
instrumento de política económica.
Pero no solo estamos ante una cuestión que afecte a la gestión
del ciclo o de la coyuntura. Estamos también ante una cuestión de primer orden
que afecta a la concepción del Estado: ¿queremos un Estado que sea un agente
activo en la economía, tal y como establece el artículo 128 de la Constitución,
o un Estado que se limite a la administración de sus gastos corrientes? Lo
segundo sería la consecuencia ineludible de limitar, a través de la limitación
del déficit estructural a valores cercanos a cero, la capacidad de
endeudamiento del Estado. Su capacidad de inversión.
El debate de reglas frente a discreción no es nuevo y por
tanto no es sorprendente que resurja en el marco de la crisis actual. La
reforma puesta en marcha, no solo disminuye los grados de libertad de los que
debe disponer un Gobierno democrático, es también una limitación al voto de los
ciudadanos que quieran optar por propuestas políticas que promulguen una mayor
presencia del Estado en la economía. La reforma anula, en definitiva, una de
las razones que a muchos ciudadanos les conducía a introducir un voto
socialdemócrata en las urnas. Por ello, lo que sí es sorprendente es que en
España, país cuya estructura económica es particularmente procíclica y el
Estado particularmente pequeño, sea un Gobierno que se reclama socialdemócrata
el que haya decidido incluir el criterio de la estabilidad presupuestaria en la
Constitución y su cuantificación en una Ley Orgánica.
El 9 de mayo de 2010 no solo se asestó un golpe al Estado de
bienestar europeo. Fue también el día en el que las posiciones que nos llevaron
a esta crisis triunfaron sobre el sentido común. La propuesta de la reforma
constitucional del 23 de agosto lo ha confirmado. Esto no es economía. Esto es
ideología.
Los economistas no deberíamos permanecer callados. Tenemos la
obligación de decir estas cosas y las estamos diciendo aunque de manera
aislada, con intervenciones puntuales y sin respaldo de institución alguna. Es
el silencio de los Colegios de Economistas el que es clamoroso. Los Economistas
Frente a la Crisis no podemos permanecer indiferentes. Por esta razón, quienes
firmamos este artículo, encabezaremos una candidatura a las próximas elecciones
del Colegio de Economistas de Madrid. Necesitamos abrir sus puertas de par en
par, porque queremos impulsar en la sociedad la reflexión de los economistas y
de todos los ciudadanos que quieran compartir el debate y las propuestas.
Jorge Fabra Utray fue decano del Colegio de
Economistas de Madrid en 1981-1983.Juan Ignacio Bartolomé Gironella fue
decano del Colegio de Economistas de Madrid en 1984-1988. http://www.economistasfrentealacrisis.com
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